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INICIATIVAS PARLAMENTARIAS.
Bañuls pregunta al Gobierno sobre el fracaso en la Comunidad Valenciana del Plan de Retorno para inmigrantes.

La OCDE, el Observatorio de la Universidad de Alicante y el conseller Rafael Blasco, han señalado el fracaso de este Plan.

Una batería de preguntas sobre el impacto en Valencia del Plan de Retorno Voluntario de inmigrantes, ha sido presentada en el Congreso por Inmaculada Bañuls. La diputada ha preguntado por la valoración del Gobierno sobre el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presentado en París el pasado mes de junio de 2009, en el que, refiriéndose al Plan de Retorno Voluntario, del Real Decreto 1800/2008, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios, se estima que dicho plan, puesto en marcha por España a finales del año pasado "ha sido muy poco seguido" y “es un ejemplo de que este tipo de políticas no da resultados”.

Bañuls también ha preguntado sobre los inmigrantes de la provincia de Valencia que han solicitado acogerse al Plan de Retorno Voluntario y sobre el número de solicitudes presentadas y aún no resueltas. La diputada ha señalado que el Plan de Retorno Voluntario ha sido un fracaso, consecuencia de las políticas erráticas del Ejecutivo, y que en la Comunidad Valenciana son muy pocos los inmigrantes que han podido acogerse a dicho Plan.

En el mismo sentido se ha manifestado el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, haciéndose eco del informe del Observatorio Permanente de la Inmigración de la Universidad de Alicante (UA), según el cual sólo uno de cada 36 extranjeros que regresan a su país recurre al citado Plan. El conseller ha destacado que los datos del citado informe reflejan “el gran fracaso del Gobierno socialista en su plan de retorno, al que no se han adherido prácticamente inmigrantes de la Comunidad”.

Respecto a las políticas de inmigración, Blasco destacó que la Generalitat Valenciana destina un total de 1.620 euros por inmigrante, mientras que el Gobierno central sólo destina 26 euros. Debido a la congelación del Fondo Estatal para la Inmigración, “el peso de la asistencia recae sobre las comunidades autónomas que tienen que hacer frente al incremento de la inmigración”.

Ver preguntas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 13 de agosto 2009. Nº 247. Págs. 573-578; http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_247.PDF